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B+Safe promueve la cardioprotección en las Administraciones Públicas

Los pasados 26 y 27 de octubre se celebraron en el Palacio de Congresos de Marbella las Jornadas Técnicas de Salud Laboral en las Administraciones Públicas en busca de concienciar acerca del bienestar sanitario en el ámbito del trabajo. En el marco de la Semana Europea de la Seguridad y Salud en el Trabajo, B+Safe asistió para mostrar la evolución de las normativas en presencia de desfibriladores y proyectar la importancia de la cardioprotección en los entornos laborales, pues afecta a millones de personas.

España, en la actualidad, cuenta ya con siete Comunidades Autónomas -País Vasco, Cataluña, Andalucía, Canarias, Asturias, Madrid y Comunidad Valenciana- que ya disponen de una normativa propia para regular la disponibilidad de desfibriladores en espacios públicos. Por tanto, en busca de potenciar los conocimientos en Reanimación Cardiopulmonar (RCP) de los asistentes, los ponentes de B+Safe impartieron una demostración de las nociones fundamentales para salvar una vida en caso de parada cardíaca.

Desde B+Safe, Grupo Almas Industries, empresa propietaria de la patente DOC (Desfibrilador Operacional Conectado), se remarcan los beneficios de contar con estos sistemas de atención cardíaca. Tal y como señala Nuño Azcona, Director General de B+Safe, “la realidad es que muchas CCAA carecen de normativa propia y que aquellas que disponen por ley de desfibriladores en espacios públicos ofrecen un mejor margen de actuación por salvar vidas en caso de parada cardíaca”. “Es importante incorporar la cardioprotección en el trabajo y debe convertirse en elemento clave en cuestión de la seguridad en el trabajo”, sostiene Azcona.

En el evento, que se ha centrado en analizar la salud laboral de las Administraciones Públicas, han comparecido múltiples especialistas en Prevención de Riesgos Laborales (PRL) con el objetivo de mostrar tanto el estado actual de esta cuestión como sus avances en busca mejoras en el bienestar de los trabajadores. Un aspecto que se ha resaltado con especial ahínco es que las nuevas legislaciones en cardioprotección, como la de la Comunidad de Madrid, obligan a que los centros laborales con más de 250 personas deban disponer de un desfibrilador.